Manifestación contra la prohibición del aborto en Nicaragua, 28 de septiembre de 2011. (c) Fondo Centro Americano de Mujeres
Por Stephanie Schlitt, investigadora y asesora de políticas en materia de género de Amnistía Internacional.
Hoy, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el experto de la ONU en el derecho a la salud, Anand Grover, presentará un informe innovador, en el que se explica cómo los Estados están poniendo en peligro la vida y la salud de las mujeres y niñas como consecuencia de la imposición de leyes penales y otras restricciones legales poco acertadas, que niegan a la población femenina el acceso a información y servicios en materia de salud sexual y reproductiva, así como la capacidad de toma de decisiones sobre su vida sexual y reproductiva.
El informe concluye que las restricciones en la práctica del aborto y el uso de métodos anticonceptivos, la criminalización de la conducta de mujeres embarazadas (como, por ejemplo, la tipificación como delito del consumo de drogas durante el embarazo), así como las restricciones en el acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, violan el derecho de las mujeres y niñas a la salud sexual y reproductiva. Este informe corrobora las conclusiones anteriores de expertos de la ONU, que afirman que este tipo de leyes constituyen un incumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
