Nuevo camino hacia la justicia: más cerca de la realidad

Diariamente se viola el derecho de las personas a la educación, a una vivienda adecuada, al agua, a servicios de saneamiento, a la salud y a la alimentación, especialmente para quienes viven en la pobreza. © George Osodi / Amnistía Internacional

Por Karen Mullin, activista de Que nuestros derechos sean ley, campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional.Demand Dignity Campaign

Imagina que te han obligado a desalojar tu casa. Tu familia se queda en la calle, pero la legislación de tu país no te brinda protección ni ningún tipo de indemnización. ¿Qué haces? ¿A quién recurres?
Imagina ahora que estás embarazada, pero no puedes acceder a la asistencia a la salud materna que necesitas para sobrevibir sin antes sobornar a algunos funcionarios del sector hospitalario, algo que no puedes permitirte económicamente. ¿Ante quién protestas?
Diariamente se viola el derecho de las personas a la educación, a una vivienda adecuada, al agua, a servicios de saneamiento, a la salud y a la alimentación, especialmente para quienes viven en la pobreza.

Ayer, sin embargo, vimos por fin un poco más cerca ese mundo donde todos tendríamos garantizados los derechos fundamentales.
Estos derechos, conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, son esenciales para vivir con dignidad, seguridad y libertad. No obstante, con demasiada frecuencia los gobiernos solo se limitan a garantizarlos de palabra, a pesar de que en el derecho internacional gozan del mismo estatus que otros derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión.
Además, quienes viven en la pobreza y han visto sus derechos pisoteados, suelen tener problemas para acceder a la justicia.

Desalojos forzosos en Nigeria
Los ejemplos son muchos: Nigeria, donde el 28 de agosto de 2009 el gobierno local de Port Harcourt hizo caso omiso de una orden judicial, demolió un asentamiento en la zona costera y dejó sin techo a más de 13.000 personas; Eslovenia, donde a muchas familias romaníes que viven en asentamientos informales se les niega el acceso a agua y servicios de saneamiento; y la lista continúa…
En 2008, la ONU creó un mecanismo llamado Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo) con el fin de ofrecer a los ciudadanos una mayor protección de sus derechos.
Se trata de un mecanismo legal que permitirá a las personas acceder al sistema de justicia de la ONU si se han violado sus derechos y el gobierno de sus países no hace justicia.
Este mecanismo aspira a convertirse en un hito histórico en materia de derechos humanos, ya que serviría para hacer justicia y ofrecer una vida digna a millones de personas de todo el mundo. El Protocolo podría llegar a ser una herramienta fundamental para que los ciudadanos, especialmente quienes viven en la pobreza, hagan rendir cuentas de sus derechos a los gobiernos. De no ser así, las violaciones de derechos seguirían produciéndose en un clima de impunidad.
El Protocolo necesita la ratificación de 10 países para entrar en vigor, pero a pesar de estar disponible para su adhesión desde mediados de 2009, los avances han sido escasos.

Ratificación de Portugal
El 28 de enero, sin embargo, recibimos la buena noticia de que Portugal se había convertido en el noveno país en ratificar el Protocolo, lo que significa que tan solo hace falta un país más que se una al tratado para que este entre en vigor. La gran decisión del gobierno de Portugal ha sido muy bien recibida, pues demuestra un compromiso serio y pleno en materia de derechos humanos. Es muy oportuno que Portugal ocupe un puesto entre los diez primeros Estados en ratificar el Protocolo, ya que desempeñó un papel clave en el impulso de las negociaciones dentro de la ONU y presidió el grupo de trabajo encargado de redactar el Protocolo.
Los ocho Estados restantes adheridos hasta el momento al Protocolo son Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Eslovaquia y España. Resulta decepcionante la ausencia de países africanos y la presencia de tan solo uno asiático en la lista.
El Protocolo entrará en vigor a los tres meses de haber sido ratificado por los 10 países, pero solo será legalmente vinculante en los Estados que se hayan adherido al mismo, lo cual significa que miles de millones de personas seguirán sin poder acogerse al Protocolo hasta que sus gobiernos se decidan a asumir sus responsabilidades.
Esperamos, y creemos, que la crucial ratificación por parte de un décimo Estado llegará más pronto que tarde; pero hasta entonces, solo podemos pedirte que te unas a nuestro llamamiento para hacer entender al gobierno de tu país la importancia del Protocolo. Hagamos de los derechos económicos, sociales y culturales una realidad para todos, no solo para unos pocos afortunados.

Más información:

Que nuestros derechos sean ley (sitio web de la Campaña)
Más sobre derechos económicos, sociales y culturales

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