Le informamos de que será ejecutado mañana

Amnistía Internacional hace campaña contra la pena de muerte en cualquier circunstancia. ©Amnesty International

Muhammad Hazaa es una de las aproximadamente 180 personas que, en las cárceles yemeníes, se enfrentan a la ejecución por delitos que cometieron presuntamente cuando eran menores de 18 años.

Está previsto que mañana lo saquen de su celda abarrotada y lo maten.

Quienes respaldaron el llamamiento que emitimos la semana pasada para salvarlo de la ejecución parecen haberle conseguido una preciada semana extra de vida, pero confiaban en que su caso se reabriera y se tratara con justicia, con arreglo a la ley, no que Muhammad Hazaa fuera objeto de un homicidio a sangre fría.

Cuando recibimos la primera llamada telefónica en la que nos informaban de que Muhammad Hazaa iba a ser ejecutado en un plazo de 24 horas, nos quedamos conmocionados.

Por desgracia, la pena capital es muy habitual en Yemen, pero las autoridades normalmente dan al preso al menos un par de días desde que le notifican formalmente la ejecución hasta que terminan con su vida.

La misma conmoción causa el hecho de que Muhammad tenía “pruebas” de que era menor de 18 años en el momento de su presunto delito.

Sólo disponíamos de unas horas para hacer algo. Teníamos listas de condenados a muerte de Yemen que, según se creía, eran menores en el momento del delito, pero el nombre de Muhammad no aparecía en ellas. No sabíamos nada de él ni de su caso. Sin embargo, confiábamos en nuestra fuente y sabíamos que la información que nos había proporcionado tenía muchas probabilidades de ser correcta.

Nuestro propio informante había estado a punto de ser ejecutado unos años antes por un delito presuntamente cometido cuando era menor. Amnistía Internacional, con la ayuda de otras organizaciones, intervino; él consideró que nuestra organización le había salvado la vida, y ahora apoya regularmente nuestro trabajo.

Cuando recibimos la llamada, enviamos mensajes urgentes de correo electrónico, hicimos llamadas telefónicas y emitimos llamamientos. Al principio, sólo recibimos respuestas automáticas a nuestros correos electrónicos y tonos musicales a nuestras llamadas telefónicas.

Sin embargo, un pequeño resultado por aquí y otro por allá pronto nos ayudaron a cobrar impulso. Conseguimos que se nos unieran organizaciones internacionales y locales, y las llamadas telefónicas al presidente yemení y a la Fiscalía General lograron arrancar la promesa de que se aplazaría la ejecución y se revisaría el caso.

Eso fue el martes 26 de febrero. Menos de una semana después, el lunes siguiente, ocurrieron dos sucesos paralelos.

En la ciudad de Taiz, donde Muhammad estaba recluido, el presidente de la Corte de Apelación rellenó un formulario de no más de cuatro líneas y lo envió a las autoridades penitenciarias. Probablemente, a él o a su ayudante les llevó menos de un minuto rellenarlo. En él se fijaba la fecha de ejecución para el sábado 9 de marzo de 2013. El presidente del tribunal añadió una nota al final: “Aconsejamos que se tomen medidas de seguridad en la fecha de ejecución fijada”.

Esa última línea se añadió ante la previsión de protestas. Había rumores de que otros condenados a muerte planeaban impedir que las autoridades penitenciarias se llevaran a Muhammad para ejecutarlo.

También había rumores de que se estaba planeando una manifestación delante de la prisión.

Los activistas locales e internacionales estaban haciendo llamadas y armando ruido sobre la injusticia y la ilegalidad de la condena, además de lo inhumano de la ejecución en sí. Al parecer, el presidente del tribunal consideró que toda la respuesta que esos llamamientos merecían era una única frase de advertencia al pie de una orden de ejecución.

Mientras tanto, en la capital de Yemen, Saná, el fiscal general firmaba un formulario que ordenaba a la fiscalía de Taiz que remitiera el caso de Muhammad a los tribunales pertinentes para que fuera revisado sobre la base de que seguían existiendo dudas sobre su edad en el momento del presunto delito.

El abogado de Muhammad decidió llevar personalmente el formulario firmado por el fiscal general a las autoridades correspondientes de Taiz, pues sabía que, si lo enviaba por fax o por correo, probablemente llegaría demasiado tarde o desaparecería misteriosamente.

Tardó unas cuatro horas en recorrer los 260 km hacia el sur que separan Saná de Taiz. En Taiz le recibieron, pero no aceptaron el formulario. Al parecer, a las autoridades de la ciudad les disgustaba enormemente la atención suscitada por el caso de Muhammad, y por ello sencillamente se negaron a cumplir las leyes de su propio país y a presentar el caso ante los tribunales pertinentes cuando se lo ordenó su superior.

Sin duda, parece impensable que se pueda llevar a cabo una ejecución básicamente porque unos funcionarios han tenido el valor de burlar las instrucciones que les han dado, pero esa parece ser la situación, tal como están las cosas ahora mismo.

Seguimos pidiendo al presidente de Yemen, al fiscal general y a las autoridades correspondientes de Taiz que suspendan de inmediato la ejecución de Muhammad Hazaa y ordenen un nuevo juicio que sea justo y en el que no se aplique la pena de muerte.

Más información

http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE31/006/2013

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