La retórica y la realidad de los derechos de los romaníes

“Se trata de Europa, se trata de ti”. Ese es el lema oficial que marca 2013 como el Año Europeo de los Ciudadanos. Pero si usted es uno de los seis millones de romaníes de la Unión Europea, se le perdonaría que dudase del carácter inclusivo de esta retórica.

Mientras celebramos el Día Internacional del Pueblo Gitano, el 8 de abril, una de las mayores minorías étnicas de Europa sufre una discriminación cada vez más generalizada, la violencia por motivos raciales, desalojos forzosos y la segregación. Más de diez años después de la adopción de las leyes de la UE contra la discriminación, los Estados miembros de la Unión no aplican dichas leyes para combatir esta discriminación.

Horea Street, Baia Mare, Rumania, julio de 2011, cuando las autoridades locales levantaron un muro de 2 m de alto para separar las viviendas ocupadas principalmente por romaníes de un barrio en el que no residen romaníes. El muro sigue ahí. © Mugur Vărzariu

La Directiva de Igualdad Racial de 2000 de la UE prohíbe claramente la discriminación por razones de raza y etnia en diversas áreas, como el acceso a bienes y servicios, la protección social, la salud, la vivienda, el empleo y la educación. Sin embargo, como señala nuestro nuevo informe —Aquí y ahora: derechos humanos, derechos de los romaníes. Llamada de atención a la Unión Europea—, las políticas y prácticas discriminatorias hacia los romaníes en todas estas áreas siguen siendo habituales en los Estados miembros de la UE y, hasta la fecha, la Comisión Europea no las ha cuestionado efectivamente.

En el área de la vivienda, Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado desalojos forzosos de comunidades romaníes en varios países de la UE, como Bulgaria, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia y Rumanía. Las comunidades y personas romaníes desalojadas suelen ser reubicadas en zonas residenciales segregadas, en algunos casos cerca de lugares contaminados o en casas que incumplen las normas básicas de habilitabilidad.

Cientos de miles de romaníes de Europa, que en muchos casos no pueden permitirse pagar un alquiler en el mercado de la vivienda privada, ven cómo se les niegan, sin embargo, otras opciones, como las viviendas sociales. En las últimas semanas, por ejemplo, las autoridades municipales de Roma han aclarado que los romaníes que viven en campamentos no tendrán prioridad para el acceso a una vivienda social, alegando que ya viven en “estructuras permanentes”.

En cuanto a la educación, decenas de miles de alumnos romaníes de Eslovaquia, Grecia y la República Checa asisten a escuelas segregadas sólo para romaníes y a clases o instituciones para alumnos con “discapacidad mental leve” donde se les enseña un currículo reducido. Cuando a Romi, un niño romaní de Ostrava (República Checa), le preguntaron por qué no estudiaba una lengua extranjera como haría en una escuela general, su respuesta fue tan sencilla como incisiva: “No somos niños de una escuela primaria, somos niños de una escuela práctica.”

Ante tales violaciones graves de los derechos humanos cometidas por Estados miembros de la UE, es difícil entender por qué la Comisión Europea no ha actuado aún con rapidez y energía.

El órgano ejecutivo de la UE tiene, sin duda, considerables facultades para ello. Puede iniciar procedimientos de infracción contra cualquiera de los 27 Estados miembros cuyas políticas o prácticas sean contrarias a la legislación de la UE, incluida la Directiva de Igualdad Racial.

En otros ámbitos de la legislación comunitaria, la Comisión no es tan reacia a utilizar estas facultades. De hecho, abre cientos de procedimientos de infracción al año sobre cuestiones que van desde el medio ambiente hasta los impuestos que gravan el mercado interior y el transporte. Algunos de estos procedimientos son incluso por la no transposición de la Directiva de Igualdad Racial a las leyes nacionales. Sin embargo, no se ha abierto ni un solo procedimiento hasta la fecha contra Estados miembros cuyas políticas o prácticas discriminan a los romaníes o a cualquier otro grupo étnico.

Al abstenerse de adoptar medidas enérgicas, las instituciones de la UE no hacen rendir cuentas a los Estados miembros sobre el trato que dispensan a la comunidad romaní. En 2010, por ejemplo, la Comisión retiró su amenaza inicial de abrir un procedimiento de infracción contra Francia por su política de someter específicamente a los romaníes a desalojos forzosos y de devolverlos a sus países de origen. El 14 de marzo de 2013, el ministro francés del Interior, Manuel Valls, confirmó públicamente que se aplicará la política de desalojar asentamientos informales romaníes sin aclarar cómo se implementarán salvaguardias contra los desalojos forzosos.

La Comisión debe empezar a usar todos los instrumentos de que dispone para abordar las múltiples formas de discriminación, el racismo y otras violaciones de derechos humanos que experimenta la comunidad romaní en Europa, lo que incluye exigir cuentas con firmeza a los Estados miembros de la Unión por violar la legislación de la UE contra la discriminación.

La UE se enorgullece de estar “fundamentada sobre los principios de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales”, pero la discriminación que sufre a diario la comunidad romaní muestra con crudeza que la UE aún no ha convertido estos principios en realidad para una de las minorías étnicas más grandes de Europa. “Se trata de Europa, se trata de ti” debe ser verdad para todos los ciudadanos de Europa, incluidos los romaníes.

Hoy lanzamos la campaña “Aquí y ahora: derechos humanos, derechos de los romaníes”. Únete a nosotros y pide a la Comisión Europea que adopte medidas decisivas para poner fin a la discriminación contra la comunidad romaní aquí y ahora.

Por Nicolas Beger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas

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