Amnistía Internacional y voces amordazadas en Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirige a la prensa en Moscú después del programa anual de llamadas en directo emitido por la televisión rusa el 25 de abril de 2013. © Sasha Mordovets/Getty Images

De Lydia Aroyo, encargada de prensa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, quien ha regresado recientemente de Moscú.

El centro de prensa de la agencia de noticias rusa Interfax enseguida empezó a llenarse de periodistas, y el montón de dossieres de prensa que habíamos preparado estaba descendiendo a toda prisa.

Me sentía pletórica. La conferencia de prensa conjunta organizada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) estaba consiguiendo un número récord de asistentes. Ambas organizaciones se disponían a presentar sus informes respectivos, Freedom under threat y Laws of Attrition, en los que ponen al descubierto las constantes agresiones contra la libertad de expresión, asociación y reunión que se están cometiendo en Rusia, abusos que han cobrado impulso bajo la autoridad del presidente Putin durante el primer año de su tercer mandato presidencial.

En los 10 años que llevo trabajando con Amnistía Internacional, en los que he hecho frecuentes viajes a Moscú para presentar informes, jamás había visto una decena de cámaras juntas en el mismo lugar, así que imaginé que pasaría la velada cambiando de un canal a otro, disfrutando de la cobertura informativa dedicada a este esfuerzo conjunto de dos organizaciones de derechos humanos para hacer llegar el mensaje de que la libertad de expresión se está extinguiendo progresivamente en Rusia. Tenía la esperanza de que, contra todo pronóstico, la cobertura informativa de ambos informes por parte de las cadenas de radio y televisión rusas –y también de los medios de comunicación impresos– demostrara que nuestra visión de la situación actual estaba equivocada.

Pero una simple mirada a la lista de inscritos hizo decaer mi entusiasmo. En efecto, medios como Reuters, AP, Al Yazira y ORF estaban allí, pero sólo dos de las cámaras pertenecían a canales rusos, y ninguna a NTV, por ejemplo, una de las cadenas de televisión más importantes de Rusia. En los últimos años, NTV ha realizado reportajes brillantes sobre información publicada por Amnistía Internacional, pero ahora ayuda al gobierno a difamar a los grupos de derechos humanos. En lugar de difundir lo que estas ONG afirman, la cadena ahora se dedica a seguir a los fiscales y a los inspectores de impuestos cuando practican registros en las oficinas de estos grupos. Cuando los inspectores de impuestos acudieron a la oficina de Amnistía Internacional en Moscú, había reporteros de NTV en la puerta, y esa oportuna coincidencia sigue siendo inexplicable si hemos de creer la versión de los inspectores de que la presencia de NTV no tenía nada que ver con ellos. Sólo cabe una explicación, y es que actualmente tienen un papel significativo en los esfuerzos de las autoridades para estigmatizar y desacreditar a las ONG ante la opinión pública.

Lectores de reputados periódicos como Kommersant, Vedomosti y Novye Izvestya saben que Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que la verdadera finalidad de las últimas iniciativas jurídicas de Rusia –como la ley federal sobre reuniones, utilizada para prohibir manifestaciones, o la ley “Dima Yakovlev”, que impone restricciones sobre la financiación de las ONG procedente de Estados Unidos– es amordazar a personas destacadas que critican al gobierno. Tienen como fin sofocar las voces de la oposición, organismos reguladores y personas corrientes que quieren denunciar asuntos muy diversos.

Muchas de esas voces ya han sido silenciadas. Nunca se ha esclarecido quienes estuvieron detrás del asesinato de la reputada periodista de investigación Anna Politkovskaya ni se han revelado los motivos reales. Los responsables del secuestro y asesinato de la periodista y activista de derechos humanos Natalia Estemirova en Grozni (Chechenia) en 2009 todavía no han comparecido ante un tribunal y ni siquiera han sido identificados, dado que los resultados provisionales de la investigación oficial plantean más preguntas que respuestas. Mikhail Beketov murió a principios de abril. Era un periodista ruso que hacía campaña contra la corrupción del gobierno y sufrió una lesión cerebral debido a un ataque en 2008. Nunca fueron identificados sus agresores.

La conferencia de prensa se celebró el 24 de abril, el mismo día que se reanudó el juicio contra el bloguero y activista de la oposición Aleksei Navalny en Kirov, ciudad situada unos 800 kilómetros al noreste de Moscú. Navalny, dedicado a la denuncia de casos de corrupción, está acusado de malversar 510.000 dólares estadounidenses de cargamentos de madera y podría ser condenado a 10 años de cárcel y una multa de un millón de rublos (32.000 dólares estadounidenses) si es declarado culpable. Su caso recuerda a otros que suscitaron dudas en el pasado en cuanto a la motivación política de los cargos y a la independencia de los tribunales.

Nada de esto ha llegado al conocimiento de las grandes audiencias de televisión en Rusia, donde parece que las noticias reales apenas tienen cabida. En el horario matutino se entretiene a los espectadores con boletines informativos intercalados con programas de cocina. Por la tarde pueden disfrutar de la siguiente entrega de una serie de suspense de calidad en la que empresarios corruptos sobornan a la recta directora de un orfanato. Los delincuentes quieren que la directora permita la adopción de niños rusos por parte de extranjeros, mientras que unos audaces policías descubren una trama de los susodichos extranjeros para obtener órganos infantiles.

El momento culminante de la jornada del 25 de abril fue el programa de llamadas en directo del presidente Vladimir Putin, en el que contestó a preguntas de personas que llamaban de todo el país. Mientras decía a la audiencia que las organizaciones que ponían al descubierto la corrupción y otros abusos debían ser valoradas, un tribunal de Moscú condenaba a la ONG independiente Golos (Voz) a pagar una multa de 300.000 rublos (casi 10.000 dólares estadounidenses). Golos desempeñó un destacado papel organizando las tareas de observación electoral e informando de las denuncias de fraude electoral en las elecciones parlamentarias de 2011 y las presidenciales de 2012. Es la primera ONG rusa que se ha topado con la legislación sobre “agentes extranjeros”.

Durante su programa televisivo, el presidente Putin debatió sobre la política del gobierno, la política internacional y la economía tanto exterior como interior. Explicó por qué algunos salarios eran bajos y algunos productos eran caros. Prometió agilizar la burocracia, resolver problemas de vivienda y ayudar a todos y cada uno de los ciudadanos.

Al término del programa, los presentadores de televisión informaron al público de que era el undécimo programa de llamadas al presidente Putin y que había durado 4 horas y 47 minutos. Una lástima que al parecer no superara los récords establecidos por Fidel Castro en Cuba o el ex dirigente Gadafi en Libia; de haberlo hecho, nos habríamos enterado.

Mientras, los participantes de un grupo de discusión, de edades comprendidas entre 18 y 25 años, respondiendo a una pregunta sobre lo que podían hacer personas individuales en relación con asuntos importantes, afirmaron que solamente alguien con un cargo de autoridad podía cambiar la situación, y que esa persona sólo podía ser Putin. Aun así, el grupo de discusión no pensaba que Putin pudiera resolverlo todo.

Ésta es la situación actual en Rusia: disminución de las voces críticas, reducción del papel de la sociedad civil, y una generación de jóvenes privada de fe en su propia capacidad de generar un cambio en la sociedad. Y así seguirá mientras los medios de comunicación no empiecen de una vez por todas a informar sobre noticias reales.

Más información:

Rusia: La caza de brujas del presidente Putin (Noticia, 24 de abril de 2013)

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