Continúa la represión de la disidencia en el Egipto posterior a Mubarak

El gobierno del presidente Mohamed Morsi arremete contra sus detractores, como en la época de Mubarak. © Mahmoud Khaled / Demotix

De Diana Eltahawy, investigadora de Amnistía Internacional sobre Egipto

Mientras el 3 de mayo en el mundo se celebra el vigésimo Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el Egipto posterior a Mubarak continúa la represión de la libertad de expresión y de la disidencia.

En lugar de aprender de lo ocurrido con la caída del presidente Hosni Mubarak, y aceptar las críticas y la oposición como un resultado saludable y natural de la “Revolución del 25 de enero”, las autoridades egipcias arremeten contra los críticos. El discurso oficial recuerda el del pasado, pues trata de desacreditar a sus opositores calificándolos de “matones” que le hacen el juego a los enemigos de Egipto que conspiran para destruir el país.

En los últimos meses ha habido un notable incremento del hostigamiento judicial de activistas de oposición, blogueros, humoristas, manifestantes y otros. Son habituales las noticias sobre la presentación de cargos por insultar al presidente Mohamed Morsi o a otros altos cargos o por “difamar” la religión, así como las oleadas de detenciones de manifestantes de la oposición.

El gobierno afirma que no está detrás de la mayoría de las denuncias, presentadas por ciudadanos “preocupados” cuyas sensibilidades resultan heridas por quienes insultan al presidente o a “religiones celestiales”. Lo que no dicen las autoridades es que en manos de la fiscalía está rechazar la denuncia o remitir los casos a juicio.

El último activista de la oposición que se ha visto arrastrado por esta tendencia ha sido Ahmed Douma, de 24 años. El 30 de abril, Douma se presentó en la fiscalía de Tanta, localidad situada a 90 km al norte de El Cairo, para ser interrogado en relación a los cargos presentados contra él por insultos al presidente y difusión de noticias falsas, basados en su aparición el 25 de febrero en un programa de televisión en el que calificaba al presidente Morsi de “asesino” por su presunto papel en la muerte de manifestantes de oposición. Ahmed Douma salió de la fiscalía en un vehículo blindado sin poder informar de su detención a sus abogados ni a su esposa, a quienes no se les notificó su paradero exacto –violando con ello las leyes de Egipto, y por supuesto las normas internacionales– hasta que uno de los abogados volvió el 2 de mayo a la fiscalía de Tanta a preguntar por la suerte que había corrido.

El 4 de mayo el bloguero Ahmed Anwar y el activista de oposición Hassan Mostafa serán juzgados en dos procesos diferentes. En ambos casos se intenta castigar y silenciar a los críticos del gobierno. A Ahmed Anwar se le juzga por “insultar al Ministerio del Interior” por haber colgado en Internet un vídeo de humor en el que se burla de la policía. Hablando de su situación, Ahmed Anwar dijo a Amnistía Internacional: “Es una ironía que el 3 de mayo sea el Día Mundial de la Libertad de Prensa y que al día siguiente me vayan a juzgar simplemente por colgar un vídeo”. En cuanto a Hassan Mostafa, que ya estuvo detenido durante el régimen de Mubarak por protestar contra las leyes de excepción, fue condenado el 12 de marzo a dos años de cárcel por insultar y presuntamente abofetear a un fiscal en una causa caracterizada por las irregularidades y por la negativa del tribunal a escuchar a ningún testigo de la defensa. Su apelación se verá en Alejandría el 4 de mayo.

Algunas de las tácticas empleadas por las autoridades egipcias ponen de manifiesto los pocos cambios que se han producido desde la caída del presidente Mubarak, a principios de 2011. Según han contado a Amnistía Internacional los abogados de un muchacho de 16 años, al amanecer del 25 de abril, un grupo de hombres, algunos vestidos de civil, sacó de su domicilio a su cliente sin explicarle a su atribulada madre adónde lo llevaban y por qué lo detenían. Hasta 36 horas después no remitieron el caso al fiscal del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado –otro vestigio del antiguo régimen–, en flagrante violación del Código de Procedimiento Penal de Egipto. Al joven se le acusa de pertenecer al grupo Black Block, que presuntamente justifica la respuesta violenta contra la violencia estatal. Según sus abogados, a pesar de su edad lo han recluido con adultos y lo han golpeado bajo custodia.

Con el telón de fondo de estas violaciones de derechos humanos, las autoridades tratan de amordazar aún más a la sociedad civil, incluidas las ONG de derechos humanos que desempeñaron un papel fundamental con su denuncia de los abusos del gobierno antes, durante y después de la “Revolución del 25 de enero”. El gobierno del Partido de la Libertad y la Justicia trata de que el Consejo de la Shura (cámara alta del Parlamento) apruebe leyes que pueden mermar gravemente la capacidad de las ONG independientes –incluidas las internacionales– de desempeñar su labor de documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos.

Otro golpe a la libertad de expresión e información fue el cierre del principal periódico de Egipto en lengua inglesa, el Egypt Independent, por el nuevo director ejecutivo de su empresa matriz, que había ocupado un puesto similar en el principal periódico oficialista de Egipto, Al Ahram al final del régimen de Mubarak. El último número de Egypt Independent se publicó online el 24 de abril, tras prohibirse su impresión.

El gobierno del presidente Morsi parece haber olvidado que fue precisamente la libertad de expresión y la disidencia lo que facilitó su subida al poder. Sin embargo, el muro de temor se rompió hace largo tiempo, y los intentos del gobierno de silenciar las voces de oposición han tenido el efecto contrario, generando nuevas condenas dentro y fuera del país.

Más información:
Más acusados en la escalada represiva de la libertad de expresión y la disidencia en Egipto
(Noticia, 3 de abril de 2013)

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