La vida de los otros: Estados Unidos no debe limitarse a “afianzar los tornillos” en materia de vigilancia

El presidente de Estados Unidos Barack Obama ofreció una conferencia de prensa el 9 de agosto para responder sobre el asunto de la vigilancia gubernamental. © Chip Somodevilla/Getty Images

Michael Bochenek, director de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio una respuesta tibia sobre la vigilancia gubernamental en la conferencia de prensa que ofreció el viernes en Washington.

Es cierto que se comprometió a apoyar los esfuerzos para reformar los procedimientos del tribunal secreto que autoriza la vigilancia, y esa iniciativa es importante. También dio a conocer el análisis legal del gobierno de su recopilación masiva de llamadas telefónicas nacionales, y en general prometió mayor transparencia en la labor de la Agencia de Seguridad Nacional.

Pero se necesita algo más que simplemente “afianzar los tornillos”, como dijo el presidente que iban a hacer.

La intimidad es un derecho humano. Un derecho garantizado por los tratados en los que Estados Unidos es parte y proclamado en normas internacionales que el país ha contribuido a desarrollar.

El Estado puede tomar medidas que interfieran en la intimidad si es necesario para la protección de otros derechos, pero sus actos deben ser proporcionados al fin que se persigue. Y deben estar justificados.

No cabe duda de que el increíble alcance de la vigilancia de las comunicaciones por teléfono e Internet por parte del gobierno viola el derecho a la intimidad.

Para empezar, está el programa que registra todas las llamadas telefónicas nacionales. Estos registros no incluyen el contenido mismo de las llamadas, pero los “metadatos de telefonía” recogidos revelan mucho sobre nuestras actividades cotidianas: a quién llamamos, cuándo, cuánto tiempo y con qué frecuencia, y dónde estamos cuando hacemos esas llamadas, si éstas pasan por antenas de telefonía móvil. Todo esto ya es demasiada información sobre lo que hacemos cada uno en nuestra vida diaria.

Además, según ha informado el diario New York Times esta misma semana, la Agencia de Seguridad Nacional analiza todos los mensajes de correo electrónico que entran y salen de Estados Unidos. El propósito es detectar información relacionada con terrorismo o contraespionaje. Sin duda es un fin legítimo pero, a tenor de los métodos que emplea, parece que la Agencia somete a un examen exhaustivo cada mensaje que entra y sale de cualquier servidor ubicado en Estados Unidos.

De hecho, gracias a la información revelada por Edward Snowden a los periódicos The Guardian y Washington Post, sabemos que los programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional permiten a sus analistas rastrear y leer prácticamente todo lo que hace en línea un usuario típico de Internet. Mensajes de correo electrónico, vídeos, fotografías, llamadas de voz y videoconferencias, chats, transferencias de archivos, datos de redes sociales e información de otra índole pueden ser objeto de escrutinio.

Según informes, el programa PRISM permite a la Agencia de Seguridad Nacional acceder clandestinamente a importantes redes sociales, operaciones de almacenamiento y transferencia de datos y proveedores de servicios de correo electrónico.

Y en el documento filtrado de la presentación que hace la Agencia de Seguridad Nacional de otro programa, XKeyscore, se afirma que permite a los analistas de la Agencia rastrear y leer el contenido de mensajes de correo electrónico, charlas en Facebook, mensajes privados y otras actividades en redes sociales, así como el historial del navegador, “toda dirección de correo electrónico vista en una sesión, por nombre de usuario y dominio” y “cada número de teléfono visto en una sesión (por ejemplo, entradas de agendas o casillas de firma)” y otras actividades , como “nombre de usuario, lista de contactos, o cookies específicas de un equipo”.

Y ¿cómo lo justifica el gobierno? Defiende la recopilación intensiva de metadatos de telefonía afirmando que no se ha vigilado ni registrado el contenido de las llamadas. De hecho, los abogados del gobierno sostienen que esta actividad no requiere órdenes judiciales porque la población no tiene interés en mantener en privado los números de teléfono y demás datos sobre las llamadas que realizan, y el hermético Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera hasta ahora les ha dado la razón.

Es una conclusión que conviene a las personas interesadas en realizar operaciones de vigilancia sin las garantías jurídicas básicas, pero no una conclusión razonable. Probablemente la mayoría de los ciudadanos no quiere que el Estado recopile información que le permita tener una idea precisa de sus actividades diarias y su red de contactos, al menos no sin un motivo específico y justificado.

En cuanto a los otros programas, que sí permiten sin problemas a los analistas de la Agencia de Seguridad Nacional el acceso al contenido de nuestras comunicaciones, los argumentos del gobierno son si cabe más endebles: como que algunos de los programas sólo se centran en las comunicaciones sobre las cuales la agencia “tiene motivos para pensar” –con el 51 por ciento de certidumbre– que están relacionadas con una “persona no estadounidense”. No es, desde luego, un consuelo para los que vivimos fuera de Estados Unidos.

En definitiva, en lugar de intentar demostrar –por adelantado y públicamente– que sus medidas de vigilancia son necesarias y proporcionadas, el gobierno reduce el asunto a “confíen en nosotros”.

Y eso, a pesar de lo que ha comentado recientemente el presidente Obama: “Quiero dejar bien claro al mundo, una vez más, que Estados Unidos no tiene ningún interés en espiar al ciudadano corriente”.

Necesitamos mucho más que las tímidas medidas que ha respaldado. El Departamento de Justicia debe revisar las  simplistas conclusiones a las que han llegado sus abogados.

El Tribunal de Vigilancia debe emitir versiones desclasificadas de sus decisiones. Y el Congreso debe tomar medidas para remediar las lagunas jurídicas que han permitido una intrusión posiblemente masiva en nuestra vida privada.

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